Creo que la reconstrucción no ha sido más rápida porque el actual gobierno no tuvo la capacidad de manejo de una emergencia de estas proporciones, que le habría permitido constitucional y legítimamente operar con el Estado como una locomotora, recurriendo a circunstancias extraordinarias.
No la tuvo porque Sebastián Piñera heredó un país colapsado y porque hace 50 años que la derecha no era gobierno en forma democrática, por lo que no tenía los cuadros suficientes como para tomar las riendas del Estado en un escenario de crisis, lo que, en general sus tecnócratas provenientes del sector privado, desconocían.
Por ello, la explicación de muchas marchas y contramarchas, de uso timorato de las propias facultades constitucionales, de autolimitarse en la toma de medidas audaces que hubiesen resultado en decretazos que movieran toda la energía pública hacia la recuperación de los servicios en lo medular de la catástrofe.
Demasiado se apuró el gobierno en levantar el Estado de emergencia, cuando pudo sostener ese estatus por todo el tiempo necesario para que las energías de las Fuerzas Armadas apoyaran la organización de las comunidades afectadas. No se trataba de tener a los conscriptos martillando mientras los damnificados miran de brazos cruzados. No se trataba de que una ONG llevara voluntarios inexpertos, reclutados gratis como voluntarios, a realizar esos trabajos por los que recibía ingresos del Estado y que los interesados quedasen fuera de esas tareas. Debió reorganizarse el tejido social, para que la autoayuda, la asociatividad de las comunidades fuese el gran motor de la reconstrucción. Pero esto requería voluntad política y visión de Estado.
Además, pudo organizar a la gente incentivando la autoconstrucción, el cooperativismo. Amarrado en sus propios dogmas ha afrontado la catástrofe con juegos de mercado, entregando subsidios para que constructoras intermedien y en ese afán de lucro los recursos no han tenido la fiscalización ni el control de la propia gente afectada por la tragedia. Es un problema de fondo y de capacidad de gestión de la cosa pública, con la gente organizada.
El esquema que juega a instancias de intermediación con recursos públicos tiene el grave riesgo de las corruptelas si no hay transparencia y fiscalización efectiva. Así, saltó a la luz pública que iban a demoler los edificios las mismas constructoras culpables de haber construido edificios que colapsaron. El MOP tuvo que dar marcha atrás y llamar a otra licitación.
La transparencia requiere la fiscalización de las comunidades organizadas, de los alcaldes, de los concejales, de los consejeros regionales, de los líderes naturales de las poblaciones, las caletas, los condominios. Con la gente movilizada, con miles de ojos cuidando el interés general, se manejan los proyectos asociativos. Así, en forma participativa se superaron las emergencias en el terremoto del 1971 y de 1985, de lo que puedo hablar por haber vivido la experiencia de trabajar con las comunidades.
Ahora, el tomar este primer año de gestión como un ocasión para ganancias políticas es algo que rechaza la ciudadanía. Lo que espera es que se le rinda cuenta de qué se hizo con lo que se recaudó en la Teletón para la Reconstrucción. Necesita conocer el destino de los recursos que fueron asignados a dedo a dos ONG por el gobierno saliente. Necesita saber qué resultado tuvo concentrar en un par de grandes cadenas la entrega de materiales de reconstrucción. Hay mucha nebulosa en todo el proceso y la gente siente que falta transparencia y sobran discursos o puestas en escena de apoyo extemporáneo.
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