Practican la violencia sin sentido, son vándalos por mal formación o naturaleza. Canalizan fobias frente a todo lo que huela a orden o institucionalidad. Si se esgrimen las causas para explicar su origen, ellas son múltiples.
Quizá la drogadicción ocupe un mayor sitial, como también la mala calidad del núcleo familiar en que han crecido. Han sido seguramente jóvenes vulnerables, criados en un ambiente materialista, quizás provenientes de hogares destruidos por la droga, de padres que no han comprometido tiempo en formarlos. Muchos provienen de barrios sumidos en el terror urbano, por ende son fruto de una convivencia de barrio destrozada por las pandillas, por los carteles de la droga. Así se explica en parte la violencia de estos inadaptados sociales. Ellos son carne de cañón para las mafias y sicarios potenciales para el crimen organizado. Su desapego a los principios de la vida en sociedad les hace actuar al margen de las reglas.
Pese a las apariencias y slogans, no son jóvenes revolucionarios que busquen espacios de poder para una propuesta programática, sino, más bien, personas que guardan profundos resentimientos sociales por ser marginales en la sociedad de consumo en la que quisieran estar.
Cuando los miembros de esos grupos no han tenido límites en sus hogares, quieren y se sienten con derecho a tenerlo todo sin ganárselo, estamos frente a situaciones casi sin retorno, con semillas de delincuencia germinando es la tierra fértil de ese resentimiento y violencia. Un puñado de estos vándalos encapuchados puede convulsionar la vida de toda una organización. Y como no creen en la democracia disfrazan su autoritarismo en un asambleísmo manipulador, en donde no hay votaciones transparentes, con registros ni urnas, sino un levantar la mano o pegar una arenga y la masa debe seguir esas orientaciones. En una reunión, para boicotear una propuesta que no vaya en su línea, basta con unos dos o tres de estos elementos ubicados en diversos sectores de la audiencia y pidan la palabra y se respalden unos a otros para que descalifiquen con vehemencia al que piense diferente o terminen expulsándolo de la mesa. Ese ha sido el actuar de esos grupos de agitación, cuando las elecciones no les son favorables se roban las urnas, un raro estilo de uso de la fuerza, más cercana al nazismo o al stalinismo que a la participación democrática efectiva.
En el clima confrontacional que se ha venido desarrollando, donde se han perdido las confianzas, donde no existe una instancia de diálogo y de negociación, nada mejor para descalificar el movimiento estudiantil que sumirlo en la anarquía violentista, sin jerarquías claras ni líderes que impongan un orden interno y una disciplina a sus bases. Es probable que en esa dialéctica de no negociación, tanto a la autoridad como a los políticos, les convenga que el movimiento se desgaste y pierda respaldo y credibilidad en la opinión pública.
En ese sentido, las acciones de violencia y caos que han venido provocando los encapuchados, cada vez con más violencia, le resultan funcionales a gobierno y oposición, frente a un movimiento que se niega a negociar y fijar compromisos de avance en la solución del problema.
La racionalidad, en definitiva, ha perdido espacios dentro del movimiento estudiantil y en este escenario de no comunicación, la autoridad ha emprendido el camino institucional para lograr las leyes que le permitan financiar las mejoras que se ha hecho o se han comprometido para el sector educación, las que no dejan de ser un avance y un logro para el movimiento social.
Pero, el peso de los sectores anarquistas sobre la dirigencia del movimiento estudiantil ha ido desperfilando
la mística del mismo, toda vez que la tozudez demostrada parece un capricho de niños malcriados y no una actitud de gente seria. En el seno de las familias, padres y apoderados de los estudiantes que perdieron el año 2011, la sensación es de rechazo creciente a esta actitud obcecada de los dirigentes, que han alejado al movimiento de propuestas sobre las cuales se pueda avanzar y han postulado el “todo o nada” en sus petitorios, lo cual, además, han contenido la descalificación total y permanente de la autoridad de gobierno, la no aceptación de su investidura, de su legalidad y su legitimidad, derivada de un genuino triunfo electoral.
Por lo tanto, la posición anarquista ha sido panfletaria, pues ha buscado derrotar al gobierno como si fuera una dictadura y, más que interesarse en lograr la mejora sectorial de la educación y avanzar en la eliminación objetiva de las malas prácticas que han llevado al lucro ilegal a un gran número de universidades, se ha enfrascado en lograr una desestabilización de la institucionalidad para cambiar el sistema desde sus cimientos constitucionales. La paradoja es que esos anarquistas se niegan a votar y niegan al sufragio como herramienta de soberanía popular. Es también una hipótesis plausible pensar en que esos grupos estén infiltrados por intereses de diverso signo, que quieran sacar réditos del desorden y el caos.
Es por ello que los encapuchados son el peor cuchillo del movimiento estudiantil, la quinta columna que destruye su mística y su amplia convocatoria. Una pobre señal ha dado la justicia respecto a estos encapuchados. La sentencia en el caso Pitronello ha sido patética. Declarar la colocación de bombas como no terrorista es un aberración conceptual, porque si andar colocando bombas de madrugada en un lugar concurrido como lo es un cajero automático, no es sembrar terror, entonces qué puede serlo. El sistema garantista de la justicia actual amarra a las fiscalías a demostrar la culpabilidad del inculpado, pesando la presunción de inocencia. Y, si en delitos de terrorismo individual es ello algo difícil, en acciones de turbas que practican saqueos, destrucción de propiedad pública, lo es aún más. La impunidad se evidencia en el rápido retorno a las calles de delincuentes que van sumando currículum frente a sus pares y eso les debe representar algún beneficio personal.
¿Quiénes ganan con el caos? En la dialéctica rupturista de estos sectores nihilistas, aparece el rechazo dogmático al orden y legalidad establecidos, un cierre de los espacios de negociación y la imposición por la fuerza de una propuesta de demolición, para que supuestamente surja el nuevo orden. Esto genera la reacción natural del sistema en contra de esa amenaza y es allí donde tal reacción puede llegar a una escalada de violencia que pasa a violar las libertades públicas y anular el respeto que debe existir a las decisiones de la ciudadanía en uso legal de los resortes democráticos como vía para cambiar un estado de cosas e incorporar reformas de acuerdo a lo que dictamine la soberanía popular. Y finalmente, como consecuencia de la barbarie, aparece el miedo visceral y la indefensión que afecta a las personas de a pie, cuando la violencia llega a sus barrios y trabajos. Eso va carcomiendo la convivencia y favorece las nostalgias trasnochadas de quienes siguen mirando los cuarteles para asegurar el orden. Seria amenaza a la convivencia democrática.
